HABLEMOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Cuando hablamos de accesibilidad, a pesar de todo lo publicado acerca de esta materia y a pesar de toda la regulación normativa que tenemos en la actualidad, se siguen confundiendo muchos conceptos que son de vital importancia.

En la práctica, es fácil escuchar como en las reuniones de vecinos hay quien manifiesta que su edificio ya es accesible puesto que la comunidad decidió colocar una rampa en el portal, dando igual la pendiente que pueda tener, si esa rampa está realmente conectada con un itinerario accesible, si dispone de ancho suficiente, etc.

De la misma forma, siempre encontraremos dirigentes políticos que se conforman con tener algunas plazas de aparcamiento adaptadas dispersas por los cascos urbanos, pero no se han parado a pensar si esas plazas, además de tener las condiciones mínimas exigidas en cuanto a su dimensión, se encuentran conectadas de manera adecuada con la acera y si ésta reúne las condiciones exigidas como itinerario accesible.

Situaciones similares nos hemos encontrado en nuestro estudio en innumerables ocasiones, cuando desarrollamos cualquiera de los planes municipales de accesibilidad que venimos redactando en estos años, o bien cuando trabajamos con las comunidades de vecinos para ayudarles a que sus edificios obtengan la financiación que se deriva de las convocatorias de ayudas que se publican regularmente en materia de accesibilidad.

Tampoco podemos perder de vista las exigencias normativas a las que estamos sometidos, y que vemos como se incumplen en la mayor parte de los casos.

Por poner un ejemplo, los vecinos de un edificio de vivienda colectiva pueden no saber que en el Código Técnico de la Edificación (CTE) se fija como fecha límite para que tal edificio sea accesible (los elementos comunes de comunicación), diciembre de 2017. A partir de esa fecha, todos aquellos edificios que no cumplan con los requisitos exigibles en materia de accesibilidad están viendo incumplidas sus obligaciones legales. ¿Qué porcentaje de edificios de vivienda colectiva incumplen este requisito? De los ya existentes anteriores al CTE la gran mayoría. Lo peor ya no es que solamente lo incumplan, sino que ni siquiera son conscientes de ello, en muchos casos.

Salvando los edificios de nueva construcción, que por supuesto deben cumplir con el CTE, cabe decir que para los edificios existentes se establece la obligatoriedad de mejorar su accesibilidad, pero dada la complejidad en algunos casos y el elevado coste que pudiera suponer en otros, se admiten las limitaciones derivadas de ajustes técnicos y económicos razonables. ¿Hasta dónde podemos considerar ajuste económico razonable? Pues el CTE lo ha tasado en 12 mensualidades de las comunidades de propietarios por año. ¿Hasta dónde los ajustes técnicos? Dependerá de cada caso, de la complejidad o imposibilidad de realizar determinadas actuaciones en los edificios.

Y si hablamos de los espacios públicos, también conviene recordar que las administraciones deben realizar actuaciones orientadas a la mejora progresiva de la accesibilidad en los entornos. ¿Esto significa que todo el espacio público debe ser accesible? Al cabo del tiempo ese debe ser el objetivo, pero es evidente que la imposibilidad real de alcanzarlo nos coloca ante la necesidad de ir haciendo que estos espacios públicos se mejoren en materia de accesibilidad de forma progresiva.

Cualquier ayuntamiento, además de otras administraciones en sus propias competencias, está obligado a realizar actuaciones en materia de mejora de la accesibilidad de los entornos públicos si quiere cumplir con lo que establece el marco legal en esta materia (principalmente la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, y también en Canarias el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación) y, sin duda, la mejor manera de hacerlo de forma coordinada y estratégica, es a través de la formulación y puesta en marcha de su propio plan municipal de accesibilidad.

¿Por qué se da esta situación? ¿Qué debe hacerse para mejorar por fin las condiciones de accesibilidad de los espacios en los nos desarrollamos, los productos y servicios que utilizamos?

Yo diría que todo empieza por mejorar el grado de empatía que la población en general tiene en materia de accesibilidad, y ahí se echa en falta un aumento significativo de campañas de divulgación, pero también es importante mejorar el conocimiento que se tiene acerca de la accesibilidad.

En este sentido, entra en juego un concepto que debemos entender todos: accesibilidad universal. Para saber en qué consiste este concepto, basta con acudir a la Orden VIV/561/2010 a la que antes me refería para entender que se trata de la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Esta concepción se fundamenta en los criterios de diseño para todos y autonomía personal, e incorpora una perspectiva de la discapacidad y de las condiciones funcionales de la población mucho más plural. Por una parte, las personas no se pueden agrupar en categorías cerradas de capacidad o incapacidad, sino que han de ser vistas como sujetas a cambios en sus condiciones funcionales por motivos a menudo circunstanciales, tales como la edad, el estado de salud o las consecuencias temporales de accidentes o lesiones. Por otra parte, las personas con grandes limitaciones funcionales o discapacidades han de desempeñar un papel más activo en la sociedad y aspiran a un modelo de «vida independiente» basado en recibir los apoyos personales necesarios y modificar el entorno para hacerlo más accesible.

Este cambio de enfoque en nuestra regulación, que comenzó con la ya derogada Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ha supuesto por fin el reconocimiento de que las desventajas de las personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida con arreglo a un patrón de persona sin discapacidad.

Se trata de una afirmación tan categórica como motivadora, en gran medida para los que nos encontramos trabajando en esta materia, puesto que pone el foco precisamente en la necesidad de cambiar, de una vez por todas, con la manera tradicional de afrontar los problemas derivados de la falta de accesibilidad.

Con todo, nuestra sociedad debe entender dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que la accesibilidad no se limita a la supresión de barreras físicas, puesto que como ya he referido, la mejora de la accesibilidad afecta a entornos, productos y servicios. Y por otro lado, que no podemos considerar dos grupos en la población en función de sus condiciones personales: los/as que presentan algún tipo de discapacidad y los que no. Debemos partir del criterio del diseño para todos/as y de la propia autonomía personal de todos/as. Por ello, y tal como se establece en el actual marco legal, es necesario, a la vez que obligatorio, que se pongan en marcha estrategias de intervención que trabajen al mismo tiempo sobre las condiciones de las personas y de los propios entornos.

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